La asociación acusó a los grupos de mostrar «poco interés» en sacar adelante su ILP, a pesar de que, a su modo de ver, una norma autonómica sobre custodia compartida reduciría «sustancialmente la contenciosidad de los divorcios». Kidetza, que en mayo pasado lanzó una denuncia similar, cree que a medida que pasan los meses es «más patente» que el Parlamento acabará discutiendo un proyecto de ley «descafeinado».
Hasta el momento, la Cámara de Vitoria ha llamado a varias instituciones para que expresen su punto de vista sobre la custodia compartida. La Fiscalía del País Vasco, el Ararteko, el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y el Gobierno Vasco apoyaron esa alternativa, pero matizando que no sea la opción preferente en las rupturas matrimoniales, como proponen los padres separados, sino una alternativa más a considerar por los jueces de familia.
El fiscal superior, Juan Calparsoro, y el 'ombudsman', Íñigo Lamarca, se mostraron partidarios de que un juzgado pueda aprobar la custodia compartida incluso si uno de los cónyuges se opone.
La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, defendió que el juez tenga libertad para elegir la solución más adecuada a cada caso. No obstante, la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, consideró que legislar sobre la materia es innecesario, ya que a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, los juzgados de Familia ya están concediendo custodias compartidas tanto si los miembros de la pareja la aceptan como si uno de ellos la rechaza.
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