Mediación familiar y custodia compartida.
Visiones feministas
(Página Abierta, 166-167, enero-febrero de 2006)
Paloma Uría abrió la sesión plenaria de las VI Jornadas de Pensamiento Crítico titulada “Feminismo, mediación familiar y custodia compartida”. En ella intervinieron, por este orden, Teresa Junco, que habló sobre la propuesta de la custodia compartida contenida en los cambios aprobados en materia de divorcio y separación (el contenido de su intervención puede leerse en el artículo publicado en el número160, de junio de este año, de nuestra revista), Juan Jesús Morcillo, que lo hizo sobre el valor de la mediación familiar, y María Sanahuja, quien dedicó su tiempo a hablar de su experiencia como juez en estos campos y en el de la violencia en las relaciones de pareja (*).
Hoy no vamos a hablar de los grandes temas, aquellos que afectan a nivel planetario, que mueven grandes fuerzas y condicionan políticas globales, hacen tambalearse gobiernos y alianzas internacionales y mueven la historia de los pueblos.
No. Hoy vamos a hablar de las pequeñas cosas, de los microcosmos, de la vida cotidiana, de la privacidad de las personas: vamos a hablar de esas pequeñas cosas que, sin embargo, afectan de forma definitiva a la vida de millones de personas.
Vamos a hablar de las relaciones entre las personas, entre las parejas, entre los hombres y las mujeres. Vamos a hablar de cómo esas relaciones se pueden tornar conflictivas y pueden llegar a suponer una dosis grande de sufrimiento y un problema social considerable.
El problema no es menor y lo datos hablan por sí solos. No me voy a detener en los datos referidos a la violencia doméstica, porque son públicos y notorios.
Sí quisiera señalar que los datos referentes a separaciones y divorcios también son significativos. No es que quiera equiparar la gravedad de ambos conflictos: la violencia es un grado de conflictividad e implica un grado de sufrimiento mayor que lo que pueden suponer las separaciones y divorcios provocados por otros motivos.
Sin embargo, las consecuencias de un divorcio pueden suponer problemas y dificultades, tanto para la pareja como para sus hijos e hijas.
En el año 2004 se han producido 135.000 separaciones y divorcios en España. Entre 1996 y 2000, los matrimonios crecieron un 7% y los divorcios un 26%. Según datos del año 2002, el 52% de las parejas no duran casadas más de 10 años, y el 69,3% de los matrimonios se separan antes de los 15 años.
El problema, es decir, la resolución más adecuada a dichos conflictos, se ha abordado desde los poderes públicos con la aprobación de dos leyes: la llamada Ley integral contra la violencia de género y la ley que reforma el Código Civil en materia de separación y divorcio.
Son ambas unas iniciativas legislativas que afectan a la vida de muchas personas; no podemos permanecer al margen: es nuestro derecho y nuestra obligación valorarlas, opinar sobre ellas.
Ya durante la tramitación de ambas leyes se suscitaron reacciones entre las organizaciones de mujeres que denotaron la persistencia de unas opiniones feministas con las que muchas otras feministas discrepamos: ello demostró una vez más la existencia de posiciones feministas muy diferentes o, dicho de otra manera, distintas concepciones del feminismo y de la mejor manera de avanzar en la defensa de los intereses de las mujeres.
El feminismo que más se ha hecho oír últimamente ha perdido matices y es excesivamente simplificador, pues atribuye la situación de las mujeres a un único factor: los deseos de dominación masculina. Este feminismo tiende a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas: las mujeres, víctimas; los hombres, verdugos.
La imagen de mujer víctima nos hace un flaco favor a las mujeres, pues no tiene en consideración nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder. Demasiado tiempo hemos sido consideradas menores de edad o desprotegidas y sometidas a una excesiva tutela de las leyes.
Y lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres; no existe, en mi opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sino ciertos rasgos culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden, en ciertos casos, contribuir a convertir a algunos hombres en verdaderos verdugos.
Este enfoque feminista se ha manifestado sobre todo al defender determinados aspectos de la Ley integral contra la violencia de género. La ley insiste en el impulso masculino de dominio como único factor, como el aspecto determinante; pero no es ciertamente el único: hay que considerar la estructura familiar, ese núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones; el papel de la educación religiosa y su mensaje de matrimonio-sacramento; el concepto del amor por el que todo se sacrifica, tan pertinente en las parejas jóvenes; la frecuentemente escasa habilidad para la resolución de conflictos; las drogodependencias... Todas estas complejas cuestiones, tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, quedan difuminadas si se insiste, como se hace en el enfoque de la ley, en el factor “género” como único determinante.
Otro de los problemas de enfoque que nos parece preocupante es lo que podemos llamar “filosofía del castigo”. Hay una tendencia en nuestra sociedad a tratar de resolver los conflictos sociales a través del Código Penal y, en el caso que nos ocupa, al endurecimiento de las penas. No queremos decir que no se castigue el maltrato, pero la experiencia demuestra que más castigo no implica menos delito ni mayor protección para las víctimas.
El objetivo del feminismo debe ser el de cambiar las conductas, no aniquilar a los que nos discriminan u oprimen; ni nuestro objetivo ni nuestro código de conducta debe ser la venganza: no podemos configurar un feminismo revanchista y vengativo.
La polémica se ha reproducido con la recientemente aprobada modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio. Como es sabido, la reforma presenta las siguientes innovaciones: desaparece la necesidad de alegar causa justa, se suprime la separación previa y se acortan los plazos, se propone la custodia compartida de los hijos menores de edad, ya sea por mutuo acuerdo o a decisión razonada del juez, y siempre en interés del menor, y se propone la mediación familiar para posibilitar acuerdos y tratar de desjudicializar el proceso de divorcio.
Cuando se publicó el primer proyecto, las reacciones críticas de algunos sectores feministas no se hicieron esperar. Algunas de estas críticas me parecen justificadas: por ejemplo, el que no se plantee solución al impago de pensiones, uno de los principales problemas al que se ven enfrentadas muchas mujeres separadas o divorciadas. Ante esta crítica, el Gobierno se ha comprometido a crear un fondo de garantía de pensiones.
En cambio, otras críticas parecen derivarse de esa posición feminista que antes he señalado. Por ejemplo, se ha llegado a decir que un divorcio sin causa deja a las mujeres al albur de los deseos masculinos, que equivale al repudio o que priva a las mujeres de conseguir ventajas señalando un culpable. Se ha mostrado también desconfianza ante la mediación familiar, por considerar que la mediación sólo se puede dar entre iguales y la mujer siempre está en una situación de inferioridad.
Pero la mayor oposición se ha presentado ante la custodia compartida de los hijos e hijas menores. Las críticas se han basado, principalmente, en dos aspectos. Por una parte, se ha argumentado que privar a las mujeres de la exclusividad en la custodia equivale también a privarlas del derecho al uso del domicilio conyugal y a la pensión de alimentos, con lo que su situación económica puede llegar a ser dramática. No está de más señalar que, con frecuencia, es la custodia exclusiva de los hijos la que dificulta que la mujer pueda rehacer su vida, adquirir formación, encontrar trabajo, sin olvidar lo difícil que resulta enfrentarse en solitario a la responsabilidad que suponen los hijos.
También se ha argumentado que las madres tienen una relación más estrecha con los hijos que los padres, pues son las que habitualmente se ocupan de ellos; e incluso se ha llegado a decir que, en realidad, los padres no quieren a los hijos, y solamente tratan de evitar pagar la pensión de alimentos. Parece una conclusión aventurada afirmar, partiendo de la mayor relación de las madres con los menores, que éstos han de estar siempre mejor con la madre que con el padre o que los padres quieren menos a sus hijos. También me parece abusivo atribuir a los hombres, con carácter general, intenciones espurias al solicitar la custodia y pensar que a las mujeres sólo las mueve el amor filial.
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Paloma Uría es diputada por IU en el Parlamento de Asturias y muchos años dedicada a la actividad feminista. Teresa Junco López es psicóloga forense en el Decanato de los Juzgados de Oviedo y mediadora familiar; forma parte del equipo psicosocial que asesora a los jueces en materia civil y penal. Juan Jesús Morcillo es abogado y mediador familiar.María Sanahuja es juez decana de Barcelona; accedió a la judicatura por el tercer turno, el de juristas de reconocido prestigio, en 1994, y ha desempeñado sus funciones en diversos juzgados de Cataluña.
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