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2019(e)ko urtarrilaren 16(a), asteazkena

CONTESTACION DEL GOBIERNO VASCO A LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA LEY DE RELACIONES FAMILIARES

PROPUESTA DE EHBILDU DE MODIFICACION DE LA LEY VASCA DE RELACIONES FAMILIARES






A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Jone Goirizelaia Ordorika, portavoz suplente del grupo parlamentario EH Bildu, al amparo del Reglamento vigente en la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY para la modificación de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los estándares internacionales y europeos han reafirmado que la lucha contra la violencia debe realizarse desde una mirada global que abarque las diferentes relaciones de violencia y discriminación que se producen en entornos familiares y de convivencia, garantizando especialmente la protección de los niños y niñas.
Entre las obligaciones generales relativas a la protección y el apoyo de las víctimas de la violencia machista, el Convenio de Estambul prevé la doble mirada hacia las necesidades de las mujeres que se enfrentan a la violencia y las de sus hijos e hijas, e insta a los Estados a tomar medidas para que, en el momento de estipular medidas y plantear el ejercicio de derechos de visita y custodia, se tenga en cuenta el impacto de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Así lo recoge el artículo 31.1 del Convenio de Estambul.
La Ley 1/2004 creó los Juzgados de Violencia sobre la mujer como órganos judiciales especializados que abordarán los aspectos penales y civiles relacionados con la violencia de género desde un prisma global.
Sin embargo, catorce años después de la entrada en vigor de la Ley, este objetivo no se ha logrado por diferentes y variados motivos.
Estudios realizados sobre esta cuestión indican que el 97 % de los hombres con orden de alejamiento de la madre por violencia de género tienen otorgado por el juez un régimen de visitas a sus hijos e hijas, e incluso, en algún caso, de custodia compartida. Organismos de todo tipo, incluso específicos de la Administración de Justicia, han empezado a analizar y a tomar medidas en relación a estas cuestiones.
A pesar de esto, organizaciones de mujeres, oenegés, Amnistía Internacional, incluso el Consejo General del Poder Judicial, denuncian la falta de protección de los menores de edad, expuestos de forma reiterada a la violencia machista en su entorno más cercano.
Durante estos últimos meses, hemos visto cómo se han producido en Euskal Herria episodios graves de violencia contra mujeres y menores con consecuencias muy dolorosas, que han despertado aún más la conciencia social, y que hacen necesario que se den pasos por parte de las instituciones. Estas circunstancias hacen más necesaria la modificación de la legislación vigente. No podemos aceptar que vuelvan a ocurrir casos como la muerte violenta de mujeres en presencia de sus hijos menores de edad, asesinatos de menores de edad y denuncias de acoso sexual o incluso acoso sicológico grave a menores, por señalar algunos casos recientes.
La ausencia de perspectiva de género en la Administración de Justicia está desembocando en fatídicas consecuencias para niños y niñas.
Se ha comprobado que la violencia de género y las medidas cautelares que esta pueda llevar aparejadas —que incluyen desde la prisión provisional hasta el alejamiento previsto en el artículo 544 bis, o la orden de protección cuyo contenido es más amplio— dejan en manos del juez un pronunciamiento de peligro, que se traduce, en muchas ocasiones, en la no adopción de medidas de protección, no siendo esta situación de violencia machista determinante para la fijación del régimen de visitas. Y a pesar de que la Ley lo contempla, los jueces no acuerdan medidas directas que puedan llevar a la suspensión de las visitas cuando se den supuestos de violencia de género. Se observa en las instancias jurídicas que, frente a progenitores, normalmente padres maltratadores, no se da una respuesta inmediata, con lo que el sistema judicial asume en cierta manera una paternidad violenta, exenta de responsabilidades y que goza de derechos absolutos, concediéndoles la posibilidad de ejecutar el derecho de visitas y de acceder a la guardia y custodia compartida, incluso con medidas de protección vigentes.
La Ley de 30 de junio de 2015, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, estableció medidas que, entre otros supuestos, regulan el ejercicio de la guardia y custodia y el derecho de visitas de los progenitores en estos supuestos.
En su exposición de motivos señalaba, como principio inspirador, la Convención de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y, en su consecuencia, establecía un marco de actuación en el que todo lo relativo a los menores en relación con esta cuestión se base en el respeto de los derechos y en el bienestar de la infancia y la adolescencia, así como en su protección y desarrollo en el ámbito familiar.

Artículo primero. Se modifica el artículo 3 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, que quedará redactado en los siguientes términos:
“Artículo 3. Derechos y obligaciones.
1.    Los procedimientos indicados en el artículo 1 de esta Ley no eximirán a los progenitores de sus obligaciones para con los hijos e hijas ni les privarán de los derechos que les asisten.
2.    Cualquier decisión, resolución o medida que afecte a hijos e hijas menores de edad deberá adoptarse en interés y beneficio de estos, garantizando la protección de todos sus derechos, incluido, de manera específica, su derecho a la integridad física y moral.
3.    En la regulación de las relaciones familiares, los hijos e hijas tendrán derecho a un contacto directo con sus progenitores de modo regular, y a que ambos participen en la toma de decisiones inherentes a la titularidad y ejercicio de la patria potestad, salvo cuando se encuentre el progenitor incurso en una causa por violencia de género, en cualquiera de sus modalidades legales, y se haya adoptado alguna medida de protección respecto de la víctima, o cuando la causa que se lleve adelante lo sea por violencia contra el menor o la menor sobre quien deba versar la medida”.

Artículo segundo. Se añade un artículo 9 bis a la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, que quedará rectado en los siguientes términos:
“Artículo 9 bis. Custodia compartida.
Cuando alguno de los progenitores esté incurso en un procedimiento judicial por razón de violencia de género, se hayan adoptado o no medidas en relación con el mismo, no tendrá derecho a ejercitar la guardia y custodia compartida”.

Artículo tercero. Se suprime el apartado 3 y se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, que quedará redactado en los siguientes términos:
“Artículo 11. Régimen de comunicación y visitas.
1.    El progenitor que no tenga consigo a los hij@s menores o discapacitad@s gozará, con carácter general, del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.
Este derecho podrá ser suspendido por decisión judicial cuando el progenitor esté incurso en procedimiento judicial por violencia de género, se hayan o no adoptado medidas en relación con el mismo, y haya o no sentencia en el momento de la decisión.
Para la adopción de esta medida se recabará informe médico, social y psicológico de los Servicios de Mediación Familiar, en relación con la conveniencia y necesidad de la medida a adoptar, que siempre se tomará en garantía y protección de los derechos de los menores.
Se tendrán en cuenta, asimismo, los indicios existentes sobre la comisión del delito y las decisiones judiciales en vigor para adoptar la medida.
Las partes tendrán derecho a conocer el informe indicado, pudiendo llevar a efecto alegaciones al mismo.
El juzgador resolverá, oídas todas las partes del procedimiento, y valorando toda la información recibida”.
                                              
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2018


                                                                                            

Jone Goirizelaia Ordorika
Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu

LA LEY VASCA DE RELACIONES FAMILIARES Y LA PROTECCION DEL/LA MENOR EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR







Artículo 11. Régimen de comunicación y estancia. 

1. El progenitor que no tenga consigo a los hijos e hijas menores o incapacitados gozará con carácter general del derecho a visitarles, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. 

2. El juez determinará el tiempo, modo y lugar para el ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Igualmente, el juez podrá determinar el derecho de relación con otros parientes y allegados, previa audiencia a los mismos.

 3. No obstante, con igual carácter general se entenderá que no procede atribuir la guarda y custodia de los hijos e hijas, ni individual ni compartida, ni un régimen de estancia, relación y comunicación respecto de ellos y ellas, al progenitor que haya sido condenado penalmente por sentencia firme por un delito de violencia doméstica o de género por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro miembro de la pareja o de los hijos e hijas que convivan con ambos hasta la extinción de la responsabilidad penal.

En este sentido, los indicios fundados de la comisión de dichos delitos serán tenidos en cuenta por el juez como circunstancias relevantes a los efectos del establecimiento o modificación de las medidas previstas en esta ley en relación con dicho régimen, del mismo modo que lo podrá ser, en su caso, la resolución absolutoria que pudiera recaer posteriormente.

 4. Excepcionalmente, el juez podrá establecer, si lo considera conveniente para la protección del interés superior de los hijos e hijas, en atención a los criterios anteriores y, singularmente, a la entidad y gravedad del delito cometido, a la naturaleza y duración de la pena fijada, y a la reincidencia y peligrosidad del progenitor, un régimen de estancia, de relación o de mera comunicación respecto de ellos. 
Extinguida la responsabilidad penal, el juez, a instancia de parte, deberá valorar si procede la modificación de las medidas adoptadas atendiendo a los criterios anteriores.

 5. Cuando ambos progenitores estuvieran incluidos en alguno de los supuestos anteriormente señalados, el juez atribuirá la guarda y custodia de los hijos e hijas menores a los familiares o allegados que, por sus relaciones con ellos, considere más idóneos, salvo que excepcionalmente, en interés de los hijos e hijas, y atendiendo a la entidad de los hechos, duración de la pena, reincidencia y peligrosidad de los progenitores, entienda que debería ser otorgada a estos o a alguno de ellos. En defecto de todos ellos, o cuando no fueran idóneos para su ejercicio, la tendrán las entidades públicas que en el territorio concreto tengan asignada la función de protección de los y las menores
. 6. Al acordar el régimen de estancia, relación y comunicación, el juez, tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, procurando no separar a los hermanos y hermanas.

2018(e)ko abenduaren 10(a), astelehena

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE USO DE VIVIENDA EN SITUACIONES DE DIVORCIO CONVIVIENDO CON UNA NUEVA PAREJA EN EL HOGAR CONYUGAL

El Supremo prohíbe el uso de la vivienda familiar a los divorciados que viven con hijos si llevan a su nueva pareja

(En el País Vasco,la ley de vasca de custodia compartida del 2015,que es la que hay que aplicar en nuestra C.A,ya preveía esta medida) 

 El padre o la madre que tras un divorcio se quede con sus hijos en la vivienda familiar (en régimen de gananciales) y que introduzca a una nueva pareja a convivir con ellos, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa. Así lo dictaminó ayer el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia que sienta jurisprudencia.
El tribunal, que confirmó el fallo de la Audiencia Provincial de Valladolid y desestimó el recurso de casación del Ministerio Fiscal, conmina a un antiguo matrimonio de Valladolid a vender la casa o a que una de las partes compre la mitad del otro.
«Esta sentencia abre nuevos matices, sobre todo a que el interés de los menores no sea tan abstractos y que se compatibilice con el interés de los progenitores, pero no significa que sea aplicado de forma estricta o automática, tiene que ser valorado por un juez»,
La clave de la sentencia reside en la definición de «vivienda familiar». Hasta ahora lo habitual era que el custodio de los menores pudiera mantenerse en la vivienda hasta que los hijos se fueran o llegaran a la mayoría de edad y el Supremo se había limitado a extinguir las pensiones compensatorias y reducir las pensiones de alimentos por la convivencia con un tercero. Ahora el tribunal va más allá y considera que, al introducir a una tercera persona, el domicilio familiar pierde su naturaleza original por «servir en su uso a una familia distinta y diferente».

¿Pagar a un detective?

Los problemas, al menos en un principio, residirán en cómo demostrar que hay una tercera persona conviviendo en el domicilio,  «¿Pagas a un detective, llamas a declarar a todos los vecinos o esperas a que se empadrone? Es complicado de demostrar»