El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha comparecido hoy, por primera vez y a petición propia, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para presentar su plan de legislatura, con el que se compromete a garantizar la despolitización del CGPJ y a poner la Justicia al servicio de la recuperación económica. Gallardón ha concretado un buen número de nuevos proyectos legislativos -como el Código Mercantil, o las leyes de jurisdicción voluntaria y de mediación- e importantes reformas, como la referida a la Ley del Aborto, el "copago" en segunda instancia o la posible instauración de la prisión permanente revisable.En su comparecencia Ruiz-Gallardón se ha comprometido a garantizar la despolitización del Consejo General del Poder Judicial ,órgano de gobierno de los jueces; para ello, el titular de Justicia ha propuesto a los grupos parlamentarios poner fin al sistema de cuotas en la elección de los magistrados del CGPJ. Una reforma para la que será necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se modifique el mecanismo de elección de los miembros de este órgano de gobierno, de forma que a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, las Cortes escojan a ocho de los veinte vocales del CGPJ y los doce restantes sean seleccionados por y entre los magistrados de la carrera judicial. Pero esos ocho vocales, según ha apuntado Ruiz-Gallardón, no podrán ser objeto de intercambio político. Se ha de volver al acuerdo que establece la Constitución y que cada uno de ellos sea elegido mediante el consenso por los grupos parlamentarios.
El otro gran objetivo de la legislatura es situar a la Justicia al servicio de la recuperación económica. “Si actuamos con prudencia, si identificamos adecuadamente los problemas, si planificamos ordenadamente las inversiones y gastos a realizar, y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficiente, conseguiremos el objetivo de que la Justicia española sea, en tiempos de crisis económica, un verdadero motor de la economía nacional”, ha asegurado el ministro en su intervención. Esta será una legislatura “consagrada a la gestión”, para lo que será necesaria una “transformación”, ha añadido.
El titular de Justicia ha apuntado al “exceso de litigiosidad” del sistema judicial como uno de los principales problemas a combatir. En ese sentido, ha apostado por “encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir de forma razonable el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan en juzgados y tribunales”. Consciente de la “ingente cantidad de recursos financieros -estimada en decenas de miles de millones de euros- que se encuentran pendientes de que se dicte resolución definitiva en los correspondientes pleitos”, Ruiz-Gallardón ha propuesto adoptar “las medidas que sean precisas para que todos esos recursos inmovilizados en los tribunales reviertan lo antes posible al circuito económico, a fin de obtener el máximo beneficio para la economía nacional”.
Para agilizar los procesos, uno de los objetivos básicos es la modernización de la Justicia, donde no debe confundirse la digitalización masiva con los expedientes electrónicos. El Ministerio creará una Agencia que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas administraciones para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados en red.
Igualmente, para modernizar la Administración de la Justicia y moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia, el ministro ha propuesto una revisión de las tasas y los depósitos judiciales ya existentes. El fin no es otro que no prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
En su comparecencia parlamentaria, Ruiz-Gallardón también ha recordado que la Constitución no admite la amnistía como indulto de carácter colectivo y que tan solo reconoce el ejercicio de derecho de gracia con carácter individual y con sujeción a ciertos requisitos. Así, ha subrayado que “cualquier medida estaría sujeta, en todo caso, a los factores particulares de cada recluso, y entre ellos la petición individualizada de petición de perdón y ánimo de reparación a las víctimas”. “No vamos a permitir”, ha destacado el ministro, “que los enemigos de la democracia aprovechen los mecanismos de esta en su contra” y ha garantizado que el Gobierno seguirá “trabajando para conseguir la disolución de ETA, de todas sus estructuras, de todos los medios de cualquier índole que puedan estar a su disposición”.
Durante su exposición, el ministro Ruiz-Gallardón ha anunciado la presentación de nuevos proyectos legislativos así como la reforma de otros ya en vigor.
Nuevos proyectos legislativos
- Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
- Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial
- Nuevo Código Mercantil
- Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
- Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria
- Nueva Ley de Mediación
Reformas parciales
- Reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
- Posible instauración de la pena de prisión permanente revisable
- Reforma de la multirreincidencia.
- Juicios rápidos en el orden civil.
- Reforma del Estatuto de las Víctimas
- Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor
El ministro de Justicia ha concluido su primera intervención en el Congreso de los Diputados con el propósito de conseguir “el máximo consenso posible” y de “tender puentes, escuchar a todos los grupos políticos, operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales, dialogar con ellos y llevar a buen puerto las reformas legislativas esenciales” que se van a emprender “en pro de la modernización de la Justicia”.
Además, ha expresado su compromiso de “mantener una fluida relación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas”, poniendo en valor la Conferencia Sectorial de Justicia, constituida en 1999, como “una valiosa herramienta para mantener un permanente diálogo con las Administraciones autonómicas”.
Además, ha expresado su compromiso de “mantener una fluida relación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas”, poniendo en valor la Conferencia Sectorial de Justicia, constituida en 1999, como “una valiosa herramienta para mantener un permanente diálogo con las Administraciones autonómicas”.
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