Las asociaciones de la comunidad autónoma Vasca acogen con ilusión la futura ley navarra
Los colectivos pretenden extender al territorio alavés el acuerdo para una nueva normativa alcanzado en Bizkaia
Vitoria. Parece que, poco a poco, y tras años de una intensa lucha por parte de las asociaciones de padres separados, se van dando pasos en favor de que la custodia compartida, en caso de divorcio o separación, sea la opción preferente.
Y es que, estos colectivos llevan años pidiendo que la ley no escrita de conceder la custodia a las madres cambie para que sea prioritario el establecimiento de una custodia compartida en la que ambos progenitores puedan repartirse las responsabilidades y los derechos y gastos sobre su hijo. Una petición que hasta hace no demasiado tiempo parecía una quimera.
Y es que, según los últimos datos, en 2008 se produjeron 110.000 divorcios y la custodia a los padres se dio en un número muy escaso de expedientes. De hecho, hoy en día, la norma general es que la patria potestad sea compartida y la custodia la mantenga la madre en un 98% de los casos. Sin embargo, esta situación parece estar cambiando pasito a pasito.
Aragón abrió la puerta legal a las sentencias compartidas allá por el mes de mayo y, posteriormente, fue Cataluña la que aprobó una norma de similares características. La semana pasada fue Navarra, la última en subirse al carro en busca de los mismos objetivos. En Euskadi, en el mes de abril hubo una instancia en las Juntas Generales de Bizkaia por parte de varios partidos políticos para tomar una determinación similar. Y, por supuesto, el colectivo alavés ya se prepara para seguir sus pasos.
Y es que, tanto la Federación de Euskadi de padres y madres separados como los colectivos estatales llevan años reclamando normativas más flexibles en casos de separación y exigiendo una reforma de la Ley del divorcio aprobada en 2005, caracterizada por el artículo que calificaba la custodia compartida como una situación "excepcional" que sólo se puede dar con el informe a favor del fiscal. En definitiva, piden al Estado leyes similares a las adoptadas por otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Italia que, por lo general, y con algunos matices, contemplan la custodia compartida como régimen preferente en los casos de separación.
Kidetza y las organizaciones alavesas se miran en el espejo de Bizkaia, donde las Juntas aprobaron en mayo una proposición, no de norma, en la que se expresaba su apoyo "a la custodia compartida como norma preferente tras los divorcios". Así, el representante institucional de la organización, Jon Uzubiaga, reconoce que llevan meses trabajando "sin prisas pero sin pausa" con las instituciones para extender el acuerdo a Gipuzkoa y Álava, un pacto que esperan se apruebe "bajo las mismas condiciones que se ha hecho en Bizkaia".
Voces críticas Asimismo, afirma que el objetivo de su organización es buscar "el bien y el equilibrio del menor" y por eso defiende que las custodias compartidas deben adoptarse como primera opción, ya que "es la mejor elección". Pero, por contra, también existen muchos detractores de esta fórmula, que opinan que el hecho de que los chavales tengan que moverse cada poco tiempo de un hogar a otro para disfrutar por igual del tiempo con su padre y con su madre puede resultar perjudicial. No comparten esta idea los afectados puesto que "para los menores, al final, lo importante es estar con sus dos progenitores sin miramientos a la movilidad", dicen.
Además, apuntan a la responsabilidad de los padres y a que hay muchos acuerdos para poder llevar este tipo de régimen de la mejor manera posible, ya que, en ciertos casos, son los propios padres los que pueden desplazarse hasta el hogar común donde reside de forma habitual el hijo.
A la vista de los problemas que pueden surgir, las asociaciones se muestran partidarias de realizar una revisión anual que permita comprobar si ambas partes han sido responsables en el cumplimiento de sus deberes. Si no es así, la custodia debería variar para ser concedida al progenitor que sí ha cumplido con sus obligaciones y al otro imponerle la sanción económica correspondiente.
La ley navarra Colectivos de padres y madres separados ven "beneficiosa" la iniciativa de custodia compartida presentada por Izquierda Unida de Navarra el pasado jueves y que fue aprobada por el Parlamento foral con el apoyo de todos los grupos y la abstención del Partido Socialista Navarro. Este proyecto de ley está sujeto a las mismas condiciones que la sentencia de Aragón. Un hecho que no convence a Guadalupe Úcar, representante en Navarra de Anapase, que calificó la iniciativa de "positiva", pero que opina que "todavía queda mucho trabajo por hacer".
Úcar manifestó que la "copia de la ley aragonesa" no es la mejor manera de establecer la preferencia de custodia compartida ni en Navarra ni en Álava, ya que considera que las propuestas deben "encajar con la legislación foral", y por este motivo, cada comunidad "tiene que desarrollar su propia normativa".
la figura del mediador El representante institucional de Kidetza en la CAV opina de igual manera, y por eso anunció que "vamos a presentar una serie de enmiendas para mejorar la ley y ajustarla al interés de la comunidad foral".
Asimismo, destacó la importancia de uno de los interlocutores fundamentales en los procesos de separación, el mediador, una figura fundamental que siempre busca que no "haya ni vencedores ni vencidos". Por ello, opina que este es uno de los aspectos más mejorables en la actual ley aragonesa y en el que incidir, ya que, a su entender, mejorar la mediación familiar intrajudicial es un paso clave "para llegar a un acuerdo entre los padres y que, sin duda, repercutirá positivamente en el bienestar de los hijos".
Sin embargo, y a pesar de estas cirscunstancias, se muestra satisfecho por todas estas medidas y pese a no querer lanzar las campanas al vuelo, reconoce que su colectivo confía en que las actuaciones judiciales que se han venido produciendo en los últimos meses en Aragón y Cataluña "den un impulso a la aprobación de una norma de similares características para el conjunto de Euskadi".
El objetivo de las instituciones con este tipo de normas no es otro que el de normalizar una situación que , en muchas ocasiones, se convierte en un trastorno familiar y repercute directamente en los hijos de divorciados y separados.
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